LA JUSTICIA ECUATORIANA NO ES INDEPENDIENTE
Tres organizaciones internacionales publican una investigación, del experto Luis Pasara, en la cual denuncian la situación de la justicia ecuatoriana, la persecución a los jueces por fallos que no gustan la Presidente Correa o a altos funcionarios y el uso de la justicia para criminalizar a opositores políticos y a críticos del gobierno
Doce casos relevantes
Los casos que serán examinados en esta parte del informe, antes que casos judiciales, son
casos de importancia social o política y que, como tales, han tenido una amplia repercusión en el debate público en el país. Los doce también han sido casos judiciales pero, como
se verá, su desenvolvimiento no ha estado limitado a las fronteras del sistema de justicia y sus
repercusiones van bastante más allá del mundo jurídico.
Como se indicó en la introducción, los casos fueron escogidos en razón de tratarse de asuntos judicializados en los que el gobierno evidenció un propósito sancionador de protestas sociales o conductas de disidencia política –lo que importaría violación de derechos fundamentales–
y que alcanzaron destacada relevancia social, apreciada mediante su reiterada aparición en los
medios de comunicación, tanto gubernamentales como privados. Según la perspectiva de este
informe, se examina en ellos lo ocurrido en relación con la independencia judicial.
Caso 11. El caso de Diego Mauricio Vallejo
Fue militar y, durante el gobierno de Rafael Correa, trabajó en la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, en el Ministerio de Justicia y en el Ministerio del Interior; asesoró al ministro
José Serrano y fue consultor en la Secretaría Nacional de Inteligencia. En 2011 fundó, con un
grupo de asociados, la Corporación Transparencia por Ecuador, en la cual se desempeñaba como
director. Desde esta posición formuló varias denuncias en relación con determinados funcionarios públicos; entre ellos, ciertos asuntos contables de quien fuera Fiscal General, Washington
Pesántez, irregularidades en el proceso de selección de Carlos Polit como Contralor General del
Estado –que intentó paralizar mediante una acción de protección53– y en el del actual Fiscal General, Galo Chiriboga; estas dos últimas intervenciones públicas se produjeron en marzo de 2012
Comentarios
Publicar un comentario